Por: Raymon Guillermo Sales Contreras. “…Allá en la Guajira arribadonde nace el contrabandoel Almirante
Padilla barrio aPuerto López y lo dejó arruinado…”. El
Almirante Padilla,Rafael Escalona Martínez.
Vuelve y juega el
caso de la alimentación de la población Wayuu en nuestro querido Departamento
de la Guajira con recursos del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, esta vez el sindicado es el alcalde de Riohacha Fabio Velásquez
Rivadeneira, no aprendió la lección o la quiso repetir con el mismo modus
operandi de sus antecesores que hoy gozan de la misma medida de aseguramiento
en lo que compete a la apropiación indebida de recursos o celebración indebida
de contratos; en términos cotidianos robo a mano desarmada.
Que pasa en la
Guajira donde ningún mecanismo de control por parte del estado ha sido efectivo
en el sentido de llegar a un verdadero análisis de causas que minimice los
actos de corrupción por este componente, donde están los entes de control que
deben hacer presencia permanente con el fin de asegurar que cumplen con las
funciones y lineamientos para los cuales fueron creados; porque esperar que se
suscriban los contratos y se pierdan los recursos cuando previamente se debe
ejercer un seguimiento al desarrollo del proceso que asegure que el oferente o
proponente no solo cumple con los requisitos de ley si no que en el desarrollo
empresarial de sus servicios, goza de credibilidad en cuanto a que no tiene
señalamientos de actos de corrupción o afines que lo cohíban de contratar con
el estado, esto no sucede en la etapa pre contractual.
Otra situación
lamentable es que en la Guajira se está involucrando el tema ancestral de las
costumbres de las etnias indígenas involucradas en la problemática, como un
factor diferencial en cuanto a las leyes y normas que deben primar para que se
cumplan sus derechos como ciudadanos Colombianos y no como representantes de
una etnia en especial; son derechos fundamentales a la vida, el trabajo, la
salud que no se pueden apartar en lo que corresponde a la responsabilidad del
Gobierno Central y Departamental para que se inviertan los recursos en la
destinación específica para estos programas.
No es justo que a
estas alturas de la vida, un Departamento estigmatizado por problemáticas
sociales como el contrabando, la bonanza marimbera, y otros de contexto local;
no pueda sacudirse de una problemática de connotación Nacional donde es el
Gobierno Central quien debe asegurar si sigue girando recursos que terminan
favoreciendo sus intereses en la financiación de campañas presidenciales y que
como favores burocráticos, benefician a la clase política dirigente de todas
las tragedias de nuestra región; es hora de renunciar a lo que directamente nos
perjudica por tener esa alta concentración de recursos que solo prosperan en el
bien particular y no en el general, no tenemos infraestructura intelectual para
independizar lo lógico de lo corrupto, hoy quienes nos representan
políticamente están salpicados de actos que en la sana lógica, no los acreditan
como buenos servidores públicos, amanecerá y veremos.
Con el cariño y el
respeto de siempre,
Raymon Guillermo
Sales Contreras
Columnista Villanueva
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