Sobre el caso de Luis Andrés Colmenares Escobar

No hay crimen perfecto

La forma como murió Luis Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue rodeada de misterios. Aunque sí parece evidente que la versión inicial no es cierta. Como lo señalaba su madre, era demasiado alegre para suicidarse, y si se confirma que fue asesinado, aquellos involucrados pudieron llegar a pensar que se había logrado lo imposible: un crimen perfecto. Y mientras este terrible capítulo busca la verdad, muchos hechos graves ponen en cuestionamiento varias realidades nacionales.

En primer lugar, lo que está sucediendo en esta sociedad colombiana. Este episodio que nos ha dolido a todos, no sucedió en los barrios subnormales de un pequeño municipio de Colombia, ni entre pandillas de jóvenes marginados, sin oportunidades, que acuden a la violencia como último mecanismo de supervivencia. Se dio en la capital del país, con el mayor nivel de desarrollo de Colombia, en el norte de la ciudad donde vive la gente con buenos ingresos, y entre estudiantes de la mejor universidad del país. Algunas de las personas involucradas andaban con guardaespaldas, o sea que sus familias ocupaban posiciones de responsabilidad o tenían recursos para tener protección adicional. ¿Por qué en esta sociedad tan segmentada, personas privilegiadas caen en semejante situación, mienten, ocultan hechos, probablemente con el apoyo de familiares? ¿Qué pasó con la educación que se les dio? ¿Rumba sin valores? ¿Es esa la élite que se está formando en el país?

En segundo lugar, que clase de sistema judicial tenemos en Colombia. Si no hubiera sido por la actuación de sus padres, jamás se habría sabido que no era un suicidio. En medio del profundo dolor de perder un hijo, esta familia ha vivido durante un año la pesadilla de buscar la verdad, un martirio que no se le desea a nadie, pero que será compensado con la verdad y con el reconocimiento de que con su insistencia le están haciendo un gran favor al país: demostrar las grandes falencias de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra justicia. ¿Cómo es posible que ya no se pueda confiar en los resultados de las autopsias cuando suceden casos como el de Luis? Ya esto es lo último que se puede esperar. ¿Será que hasta allí llegó el tráfico de influencias o la ineptitud del sistema? Realmente no se sabe cuál de las dos posibilidades es la peor. ¿Cómo casi se archiva semejante caso?

En tercer lugar, el papel de los adultos. Se dijo en la prensa que Luis había permanecido muchas horas en el carro de uno de los asistentes a la fiesta antes de que su cadáver apareciera en el caño. Pero además, que ese carro había sido vendido tres días después de estos hechos. Dada la juventud de los posibles protagonistas, nada de esto podía suceder sin que sus padres, o algunas personas mayores, intervinieran. Ojalá nadie tuviera que verse enfrentado con el dilema de proteger a sus hijos o denunciarlos; es lo peor que le puede suceder a unos padres. Ojalá que al final, no se descubra que los padres de algunos de los responsables ayudaron a esconder la verdad porque la vergüenza sería aún mayor.

Finalmente, el poder de los que más tienen. En este país acostumbrado al tráfico de influencias, ojalá no se descubra que los involucrados las utilizaron para tratar de lograr el crimen perfecto. Un abrazo fraternal a la madre y al padre de Luis, con nuestro agradecimiento porque el amor por su hijo le está abriendo los ojos a esta sociedad.

Cecilia López Montaño
E-mail: cecilia@cecilialopez.com
Columnista de Opinión Kien & ke

La justicia para los de ruana

(Octubre 29 al 5 de Noviembre/2011) Detrás del crimen de Luis Colmenares, el estudiante de la Universidad de los Andes encontrado muerto hace un año en el caño de la 87, en el norte de Bogotá, no solo hay una historia truculenta que los medios se han dedicado a destapar, no sin cierto morbo. También hay una historia de manipulación de la justicia por parte de unas familias adineradas que han demostrado un total desprecio por la ley.
El crimen tiene todos los ingredientes truculentos de una telenovela colombiana: el estudiante que pierde la vida es un joven de La Guajira, más propiamente de Villanueva, que no pertenece a los círculos sociales de Bogotá pero que termina prendado de Laura, una joven que acaba de terminar una relación sentimental con Carlos Cárdenas, otro compañero de la Universidad de los Andes, que proviene, como ella, de una familia con recursos económicos y con estatus social.
Durante un año, la versión que esgrimieron su novia y su amiga, las últimas personas que lo vieron con vida, fue que Luis se había suicidado. A pesar de que la tesis del suicidio nunca fue convincente -esa noche habían ido a una discoteca a celebrar el Halloween y su alegría no era propiamente la de una persona que estaba ad portas del suicidio-, la Fiscalía les creyó más a las amigas de Luis que a la madre. Ella, sin embargo, fue la primera en sorprenderse cuando le dijeron que su hijo se había botado al caño en un acto de depresión infinita: no les creyó. Y de no haber sido por su tenacidad, hecho que la llevó a contratar a un abogado forense que destruyó los informes de Medicina Legal que habían sido levantados en el momento del deceso de Luis, la Fiscalía habría archivado el caso.
El perito contratado por la madre de Luis probó que toda la investigación inicial habría sido manipulada de cabo a rabo. Y lo que más sorprendió fue que en el informe de Medicina Legal ni siquiera se hubieran reportado los golpes que sí tenía el cuerpo de su hijo. ¿Cómo hicieron para incurrir en tantas omisiones sin que la Fiscalía se diera cuenta?

Pero no solo se alteraron los informes de Medicina Legal, también trataron de hacer presión en la justicia para que cambiaran de fiscal y se pusiera uno que archivara el caso y se protegiera de esa forma al verdadero culpable. Para lograr ese cometido, intentaron presionar nada más ni nada menos que al director de Fiscalías, Néstor Armando Novoa. Él tuvo que aceptar ante los medios que, en efecto, había recibido la visita de una abogada con la que había hablado someramente del caso. A pesar de que él le restó importancia al encuentro, el sabor de que allí algo pasó quedó en el aire: no en vano ese tipo de visitas habían sido prohibidas por la fiscal Morales desde el día de su posesión, cuando anunció que en su Fiscalía esta clase de encuentros, que se prestaban a tantos malentendidos, quedaban cancelados. No me imagino la furia de la fiscal al descubrir que su director de Fiscalías había sido el primero en desoír sus instrucciones. Pero además, el doctor Novoa inicialmente no nos contó toda la verdad: se le olvidó decirnos que esa abogada a la que había recibido en su despacho era la esposa de su contador, como después lo publicaron los medios. No obstante, nada de lo anterior ha ameritado hasta el momento un pronunciamiento de la cúpula de la Fiscalía.
Pero tal vez lo más sospechoso de todo este caso es que a las cuatro mujeres involucradas, dos todavía en detención domiciliaria y dos que fueron liberadas por el juez de garantías, se les acusa de desviar la investigación para lograr que el proceso fuera archivado y así proteger a Carlos Cárdenas.

Lo extraño es que, hasta ahora, Cárdenas no ha sido vinculado al proceso formalmente.

En otras palabras, y para que me entiendan: la Fiscalía ha puesto tras las rejas a las presuntas encubridoras, pero al que estarían encubriendo ni siquiera se le ha vinculado al proceso. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando en este caso?
En ciertos sectores de la clase dirigente colombiana todavía hay la infortunada convicción de que la justicia solo es para los de ruana y que si un niño de la sociedad bogotana comete un crimen no se le puede encarcelar porque no lo resistiría. Ojalá no triunfe esta percepción y se haga justicia por encima de las pretendidas alcurnias sociales y de los colores de piel.

María Jimena Duzán
Columnista de Opinión – Revista Semana



¿Colectivo de estafadores?

(Octubre 30/ 2011) No sé quiénes son peores, si el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presuntos estafadores, o los letrados que defendieron al Estado, unos completos ineptos. Porque si bien unos engañaron, los otros se dejaron robar la cartera sin oponer resistencia. Hace unos meses fui a Mapiripán con los dos hijos del general Uscátegui, condenado por la masacre pese a ser inocente, y regresé a ese pueblo en octubre. Los pobladores nos señalaron una y otra vez que nunca hubo los 49 muertos de los que hablaban, que no eran sino seis. Los mismos seis que menciona la Fiscal General.

Por tanto, si los defensores del Estado hubieran hecho el trabajo medio bien en lugar de ir siempre acomplejados a la Corte Interamericana de DD.HH., nos habríamos ahorrado una buena cantidad de plata y la vergüenza de aceptar ante el mundo que un horror tan espantoso lo cometieron los paracos con la ayuda de las Fuerzas Militares.

Por eso, el Gobierno Nacional y la cúpula militar tienen que seguir este caso hasta el final, volverlo emblemático para desenmascarar a un Colectivo que nunca fue lo que decía ser. Porque una de dos, o su fin es taparse de plata -se llevó siete mil millones de honorarios sólo en Mapiripán- y para eso buscan testigos falsos, o su objetivo es hacerle el juego a la guerrilla. O ambos, como pienso yo. Por mucho menos, la Fiscalía ha dictado orden de captura contra ladrones del erario. Y no deben conformarse con llegar solo al fondo de lo ocurrido en Mapiripán sino indagar por todos los expedientes que llevaron estos supuestos abogados a los que solo mueve, dicen sin ruborizarse, la búsqueda de la verdad y la justicia.

A ver si la Fiscal General, que es inteligente y seria, actúa con determinación y valentía y no se deja llevar por unos impulsos extraños, como acaba de pasar en el caso del estudiante de Los Andes que mataron y arrojaron al caño del Virrey.

Porque resulta incomprensible que salga a proteger al director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, y deje al pie de los caballos al fiscal encargado de la investigación, Antonio Luis González. Los hechos recientes son suficientes para dudar de Novoa. 1) Declaró que no conocía a la abogada Aydée Gamboa y luego se descubre que el esposo de ella es su contador. 2) Admite que se reunió con ella para recibirle una queja y resulta que después del encuentro pidió que cambiaran al fiscal González. 3) El lunes pasado aparece en este periódico una nota sobre las abundantes quejas que sobre González reposan en la Fiscalía, según decían, por su bajo desempeño, incluida una "de acoso" a una practicante. No aclaran si sexual o laboral, porque el interés de quien filtra la información es que pensemos que es el primero. ¿De dónde sale una filtración tan rastrera y oportuna? Pues obvio, del único interesado en desprestigiar a González: de la oficina de Novoa. Lo negará, por supuesto, como negó su relación con la abogada, pero la Fiscal General, que de boba no tiene un pelo, sabe cómo son esas vueltas. Tener un Director Nacional de Fiscalías de ese talante es, cuanto menos, preocupante.

Con dos chicas jóvenes detenidas y un asesinato por esclarecer, lo mínimo que cabe exigir es que haya juego limpio y profesionalismo para resolver cuanto antes el misterio. Pero si en la Fiscalía se enzarzan en una pelea sucia, poco avanzaremos y el interés es conocer qué pasó aquella trágica madrugada de hace ahora justo un año.

Salud Hernandez – Mora
Columnista de Opinión - El Tiempo


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