Andy
Alexander Ibarra Ustariz (@andyIU). El planeta continúa girando sobre su propio eje, el tiempo sigue avanzando
y la historia universal sigue registrando los hechos que le darán identidad a
nuestra época. Entre muchos otros rasgos característicos como la revolución de
las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el plano geopolítico
hacemos parte de los tiempos donde la Unión Europea -con todas y sus
dificultades- sigue siendo el paradigma global de integración y unidad entre
los pueblos, pese a ello queda uno perplejo al observar que por estas latitudes
parecemos estar viviendo nuestra propia edad media.
No podemos llegar a una conclusión diferente al
observar el desarrollo del litigio territorial entre los departamentos de La
Guajira y el Cesar, concretamente, entre los municipios de San Juan del Cesar y
Valledupar, y que involucra el barrio perú del corregimiento de Patillal, las
veredas de Potrerito, Primer Rincón, Carrizal y Veracruz; por increíble que
parezca se observan visos de concepciones arcaicas de egoísmo y separatismo
territorial.
Hay rumores sobre propósitos secretos o subrepticios
frente al litigio, la existencia de verdaderos interés económicos y
proselitistas que se mimetizan o camuflan en hermosos discursos de bienestar
comunitario para cautivar a las poblaciones que se habitan en las zonas bajo
disputa. Ahora bien, en el ámbito netamente de la gestión pública podría
pensarse que existe temor de canalizar recursos públicos y hacer inversiones en
lugares diferentes al territorio que se gobierna; es decir, ante la aparente “indefinición”
de límites fronterizos entre los entes territoriales podría ocurrir que el
presupuesto y las asignaciones del gasto público social que debe beneficiar a
los guajiros o san juaneros termine beneficiando a los cesarenses o
patillaleros (o viceversa), situación que podría generar algún tipo de
responsabilidad fiscal o disciplinaria de las autoridades administrativas, en
el entendido de que existe una jurisdicción territorial donde deben ejercer sus
atribuciones y competencias.
Si no existen razones ocultas y mucho menos se trata de
un litigio con la simple intención de crear conflictos insulsos entre pueblos
que los une una historia social y cultural común, tenemos que advertir que,
entre otros instrumentos, los artículos 12 y 14 de la Ley 1454 de 2011, contemplan esquemas asociativos territoriales materializados
en “convenios-contratos plan” que facilitan las acciones conjuntas de los
municipios y departamentos para prestar servicios públicos, ejecutar obras
públicas y en general hacer inversiones en salud, educación, vivienda, etc. Me
atrevo a afirmar que la población de las zonas bajo litigio les interesa más el
desarrollo y el progreso de su terruño que ser encasillados como habitantes de
uno u otro municipio; por ejemplo, los habitantes del corregimiento de Veracruz
tiene firmes lazos espaciales y se sienten más identificados con Villanueva y
no tanto con Valledupar y San Juan.
Mucha lástima despierta que la noticia no sea que los
entes territoriales están dinamizando instrumentos legales de cooperación y
coordinación para aunar esfuerzos y hacer inversiones de forma conjunta en
atención a objetivos comunes, desafortunadamente nadamos en contra de la
corriente, totalmente alejados del deseo universal de integración y unidad de
los pueblos que buscan ir haciendo invisibles las fronteras para hacer de este
mundo una verdadera aldea global.
0 comentarios ¡Deja tu comentario aquí!:
Publicar un comentario