Amylkar D. Acosta M. “Es más fácil
desintegrar un átomo que un prejuicio” Einstein. Justamente, en momentos en que
el mundo entero se aprestaba a celebrar el Día
mundial del Agua, los medios difundieron profusamente las imágenes
dantescas de dos hechos deplorables que ponen de manifiesto los estragos del
fenómeno del calentamiento global y
sus secuelas en el medio ambiente. Se trata de la sequía que asola al norte de
Casanare, provocando una mortandad de especies nativas y el devastador incendio
en el Chocó que ha arrasado más de 3.000 hectáreas, amenazando con convertir al
Parque Nacional de los Katíos en pasto de las llamas. En ambos casos la pagana ha
sido el preciado líquido vital, el agua!
Y esto ocurre en Colombia, el primer
país en el mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado y hasta los años 90 el
cuarto país con la mayor disponibilidad de agua dulce por habitante del globo
terráqueo. Lamentablemente, como producto de la acción combinada del impacto
del cambio climático, la deforestación de 148 mil hectáreas anualmente y la
degradación de algunos ecosistemas estratégicos para la regulación del agua,
Colombia se ha visto relegada al puesto 24. Ello explica en gran medida el
fenómeno que se viene dando a lo largo y ancho del país con los glaciales, los
cuales, según el IDEAM, en los últimos 30 años se ha derretido el 57% de los
mismos, lo cual es muy sintomático de lo que se nos viene pierna arriba sino se
para esta carrera alocada de destrucción de nuestro propio hábitat.
A este propósito ha venido haciendo
carrera en el país la especie según la cual la actividad de sísmica,
exploración y explotación de hidrocarburos está afectando la oferta hídrica en
las regiones en donde se desarrolla. Al punto que se ha vuelto un cliché la
frase según la cual el país tendría que decidirse por el agua o por el petróleo,
para quienes levantan esta consigna no hay término medio. Pero, ya veremos que
esta es una falsa disyuntiva; en lugar de contraponer
el agua al petróleo, debemos más bien ver cómo proteger el agua sin impedir el desarrollo de la industria
petrolera, que también requiere el país para su desarrollo económico y social.
No se puede perder de vista que el
sector minero junto con el hidrocarburífero constituyen la caja registradora,
la que genera los recursos con los cuales el Estado financia sus inversiones,
entre ellas las que están encaminadas a proveer de agua potable a la población.
Valga decir a modo de ilustración que para el año 2012, entre impuestos y
dividendos la Nación recibió de parte del sector minero-energético la suma de
$31.4 billones, el equivalente al 80% del presupuesto de inversión de ese mismo
año y al 24.9% de sus ingresos corrientes. Y es con tales recursos como se ha
podido presupuestar por parte de la Nación para el cuatrienio 2010-2014 una
inversión en abastecimiento de agua potable del orden de los $3.3 billones y a
estos recursos se vienen a sumar más de $1 billón que se han asignado para tal
fin con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para el
período 2012-2014.
Es claro como el agua que si la
actividad de las empresas mineras y petroleras que nos proveen de tales
recursos no se desarrolla utilizando buenas prácticas y si el Gobierno no exige
se ciñan a los más exigentes estándares internacionales, tanto en la técnica,
como en lo social y ambiental, ello pondría en riesgo la sostenibilidad
ambiental. Es obvio de toda obviedad que no se permitirá por parte del Gobierno
actividad alguna en zonas protegidas
por la autoridad ambiental, como tampoco allí en donde se ponga en riesgo ya
sean los nacimientos de agua, los acuíferos y/o la recarga hídrica de los
cuales se sirven las poblaciones. Es más, el celo del Gobierno se pone de
manifiesto al cumplir con estricto rigor el Principio
de precaución contemplado en la Constitución Política (artículos 8, 79, 80,
289 y 334), en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 164 de 1994, que ratificó el
Convenio Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio climático. En virtud
del mismo, ante la duda fundada de daño grave e irreversible en el medio
ambiente que pueda sobrevenir en desarrollo de esta o cualesquier otra
actividad, se deberán tomar las medidas preventivas
tendientes a evitarlo.
Por lo demás, allí donde hay petróleo
hay gas y hay agua asociados al mismo; con la extracción del crudo se extraen
también cantidades crecientes de agua. A modo de ejemplo en el Campo Rubiales
se extraen en promedio 200 mil barriles de crudo diariamente al tiempo que,
mezclado con él, salen a la superficie 2.8 millones de agua, para un promedio
de 14 barriles de agua por cada barril de crudo. Y se estima que para el 2015
esa proporción será de 20 a 1. Y qué hacen las empresas operadoras de los
campos petroleros con esa agua? Tienen tres opciones: o la reinyectan al pozo,
entre otras cosas para mejorar la tasa de recobro de crudo, la vierten sobre
cuerpos de agua superficiarios o también la pueden utilizar ya sea para riego e
incluso para consumo humano. En
cualquiera de los casos dicha agua deberá
ser tratada por parte de las empresas a su propio costo antes de disponer de
ella, porque así lo estipula la Ley. Dicho sea de paso, la industria
petrolera sólo consume el 0.35% del total del consumo nacional de agua y de
contera invierte anualmente $90.000 millones en la preservación, protección y
recuperación de las cuencas hidrográficas de las cuales se sirve, en
cumplimiento de la norma que introduje en su momento en el texto de la Ley 99
de 1993. No huelga decir que la industria petrolera reforesta 3 hectáreas por
cada hectárea intervenida en el curso de sus operaciones. Cabe resaltar que
dicha suma equivale al doble del presupuesto anual de la Unidad de parques
naturales.
Actualmente Ecopetrol y Pacific
Rubiales adelantan sendos proyectos de reutilización de esta agua para cultivos
agrícolas en la Altillanura, en donde tanta falta le hace el agua para el
desarrollo de su vocación agrícola. En el primer caso, se adelanta en el
Distrito de Castilla un cultivo experimental de 80 hectáreas entre palma
africana y especies nativas, para lo cual se vienen utilizando 80 mil barriles
día de agua proveniente del campo petrolero. Por su parte Pacific Rubiales
viene desarrollando un proyecto todavía más ambicioso, el de La Cascada, para
irrigar inicialmente 1.300 hectáreas de palma, que se extenderá a 2.000
hectáreas más, para lo cual han montado una planta con capacidad de dar
tratamiento a 1 millón de barriles diarios del agua requerida para el mismo. A
su vez la mpresa CANACOL está instalando varias plantas de tratamiento integral de aguas residuales para
potabilizarlas en el campo Leono, reduciendo a su mínima expresión el
porcentaje de rechazo. De modo, que no
hay incompatibilidad entre la agricultura, el medio ambiente, el agua y el
petróleo; experiencias como estas desmitifican muchas de las especulaciones
que tienden a satanizar tanto a la minería como al petróleo atribuyéndoles
males bíblicos que no traen consigo. Especulaciones estas sin fundamento
científico alguno que no tardan en convertirse en prejuicios ampliamente
difundidos.
Bogotá, marzo 21 de 2014
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