Las tres últimas décadas se han caracterizado por la imposición de doctrinas económicas foráneas que exigen el recorte del Estado, el debilitamiento de su presencia e intervención, y el traspaso a empresas privadas de sus acciones y responsabilidades en la prestación de servicios públicos y en la participación en proyectos mineroenergéticos; hoy subsumida la doctrina en el lema “confianza inversionista”.
Bajo este lema, la tierra cumple una función social, poniéndola al servicio de la explotación minera; sin embargo, es perentorio recordar a los poderes ejecutivo y legislativo nacional, que a la tierra le es inherente una función ecológica. Lo paradójico e ilegal es que se hayan firmado los contratos de explotación sin cláusula que obligue a la rehabilitación de la tierra explotada.
Olvido y pasividad nacional que se suma al olvido ilegal de hacer una consulta previa a la comunidad Wayuu, tal como lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expedido en el año de 1.989, el cual ha sido la fuente original de derecho internacional sobre el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas; aprobado mediante la Ley 21 de 1.991, y sirve de sustento jurídico para soportar la determinación del pueblo expresada en el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política. El Gobierno Nacional prorrogó los contratos de explotación de gas y carbón en La Guajira sin haber consultado a los indígenas Wayuu, como era su obligación constitucional y legal.
Ante la afectación que produce a los guajiros el olvido del Gobierno Nacional, que hoy se ve reflejado en la destrucción de los ecosistemas locales, la esterilización de la tierra y el almacenamiento de agua ácida debido fundamentalmente a la explotación minera, el pueblo de La Guajira, -la Nación Wayuu-, exige el emprendimiento de procesos que prevean una rehabilitación de sus tierras degradadas, antes de que sean abandonadas.
En este punto, revisemos las cifras. Por los distintos contratos de explotación minera, de las profundidades de nuestra tierra se han extraído entre 1985 y 2010 más de 500 millones de toneladas de carbón, en aproximadamente 9.200 hectáreas de terreno socavadas. En La Guajira se ha trabajado la rehabilitación de tierras a un ritmo de 110 hectáreas por año, dicen las empresas explotadoras que lo están haciendo por responsabilidad social, mas no por obligación contractual, por lo que al mes de mayo de 2.011, solamente han rehabilitado cerca de 2.700 hectáreas de tierra, teniendo en el momento 6.500 hectáreas de tierra con inmensos huecos cubiertos de agua ácida o de material estéril.
Según las expectativas de contratación, cuando finalicen los contratos celebrados con el Gobierno Nacional, las empresas explotadoras de carbón habrán extraído 2.000 millones de toneladas de carbón, si siguen con el mismo ritmo de buena voluntad, rehabilitarán apenas 8.500 hectáreas, se van de La Guajira y nos dejarán 21.000 hectáreas de tierra estéril, o con agua ácida en huecos inmensos.
Las preguntas que hace el pueblo guajiro al Gobierno Nacional son:
-¿Quién va a responder por este daño ecológico?
-¿Quién va a rehabilitar esta tierra degradada?
Con el precedente de declaratoria de inexequibilidad de actos administrativos como el Código de Minas, la Ley Forestal y la Ley de Desarrollo Rural por no haber realizado la consulta previa a los grupos étnicos nacionales, también preguntamos:
Usted, Gobierno Central, ¿puede demostrarnos que hizo consulta previa a la Comunidad Wayuu para la firma de la prórroga a los contratos de explotación de gas y carbón?
Manuel Sierra Deluque
Correo Electrónico: sierra.deluque@gmail.com
Columnista Invitado – Villanueva mi@
Bajo este lema, la tierra cumple una función social, poniéndola al servicio de la explotación minera; sin embargo, es perentorio recordar a los poderes ejecutivo y legislativo nacional, que a la tierra le es inherente una función ecológica. Lo paradójico e ilegal es que se hayan firmado los contratos de explotación sin cláusula que obligue a la rehabilitación de la tierra explotada.
Olvido y pasividad nacional que se suma al olvido ilegal de hacer una consulta previa a la comunidad Wayuu, tal como lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expedido en el año de 1.989, el cual ha sido la fuente original de derecho internacional sobre el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas; aprobado mediante la Ley 21 de 1.991, y sirve de sustento jurídico para soportar la determinación del pueblo expresada en el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política. El Gobierno Nacional prorrogó los contratos de explotación de gas y carbón en La Guajira sin haber consultado a los indígenas Wayuu, como era su obligación constitucional y legal.
Ante la afectación que produce a los guajiros el olvido del Gobierno Nacional, que hoy se ve reflejado en la destrucción de los ecosistemas locales, la esterilización de la tierra y el almacenamiento de agua ácida debido fundamentalmente a la explotación minera, el pueblo de La Guajira, -la Nación Wayuu-, exige el emprendimiento de procesos que prevean una rehabilitación de sus tierras degradadas, antes de que sean abandonadas.
En este punto, revisemos las cifras. Por los distintos contratos de explotación minera, de las profundidades de nuestra tierra se han extraído entre 1985 y 2010 más de 500 millones de toneladas de carbón, en aproximadamente 9.200 hectáreas de terreno socavadas. En La Guajira se ha trabajado la rehabilitación de tierras a un ritmo de 110 hectáreas por año, dicen las empresas explotadoras que lo están haciendo por responsabilidad social, mas no por obligación contractual, por lo que al mes de mayo de 2.011, solamente han rehabilitado cerca de 2.700 hectáreas de tierra, teniendo en el momento 6.500 hectáreas de tierra con inmensos huecos cubiertos de agua ácida o de material estéril.
Según las expectativas de contratación, cuando finalicen los contratos celebrados con el Gobierno Nacional, las empresas explotadoras de carbón habrán extraído 2.000 millones de toneladas de carbón, si siguen con el mismo ritmo de buena voluntad, rehabilitarán apenas 8.500 hectáreas, se van de La Guajira y nos dejarán 21.000 hectáreas de tierra estéril, o con agua ácida en huecos inmensos.
Las preguntas que hace el pueblo guajiro al Gobierno Nacional son:
-¿Quién va a responder por este daño ecológico?
-¿Quién va a rehabilitar esta tierra degradada?
Con el precedente de declaratoria de inexequibilidad de actos administrativos como el Código de Minas, la Ley Forestal y la Ley de Desarrollo Rural por no haber realizado la consulta previa a los grupos étnicos nacionales, también preguntamos:
Usted, Gobierno Central, ¿puede demostrarnos que hizo consulta previa a la Comunidad Wayuu para la firma de la prórroga a los contratos de explotación de gas y carbón?
Manuel Sierra Deluque
Correo Electrónico: sierra.deluque@gmail.com
Columnista Invitado – Villanueva mi@
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