Las regalías y el estado de opinión

Los gobiernos, en este caso el nacional, cuando gozan de una opinión muy favorable, aprovechan la coyuntura para utilizar a los medios de comunicación a su favor, con el fin de apalancar propósitos que necesiten que se den en favorabilidad del mismo gobierno. Es el caso de las regalías, donde por medio del acto administrativo No. 13, está ad portas de lograr su objetivo en el congreso, cuando le faltan dos debates y de ahí pasará a la Corte Constitucional para cambiar por vía de este acto, los artículos 360 y 361 de la Constitución Nacional, contrariando con ello al constituyente primario, que como ya es de todos conocido se han cambiado en lo que va de la carta magna más de 19 artículos.

Y en el caso de las regalías se ha utilizado al estado de opinión a su favor, para cambiar las reglas del juego de la constitución del 4 de julio de 1991. El gobierno nacional a través de la opinión pública le inculcó a los colombianos que las regalías de los departamentos y municipios productores de hidrocarburos y minerales energéticos, se las han robado. Y esto caló en la opinión nacional y no solamente caló, sino que el país le creyó al mismo gobierno, quien por las vías publicitarias en diferentes medios de comunicación como por ejemplo CMI, donde el periodista Mauricio Gómez dejaba exhortos a la opinión con sus informes de cómo se habían robado y lapidado las regalías en las diferentes regiones del país.

Y esa fue la base fundamental en que se inició en el congreso de la república, la socialización del acto administrativo No. 13 – que ya el mismo presidente Juan Manuel Santos, en su campaña había prometido que lo iba a realizar (que las regalías iban a ser manejadas por unos fondos a través de la modificación de la constitución) – y luego vinieron los debates reglamentarios donde nuestros parlamentarios en minoría, no han tenido nada que hacer y es así como el gobierno central está a punto de quedarse con el 95% de las contribuciones por las explotaciones mineroenergéticas.

Lo más grave es que para el caso de La Guajira, las explotaciones y reservas están en territorio indígena, y para que este acto administrativo tuviera toda la legalidad, habría que haber hecho el gobierno nacional la consulta previa a la nación wayuu, establecido en el acuerdo 169 de la OIT de 1989 y reglamentado a través de la ley 21 de 1991. Razón tiene el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar y los pensadores Amilkar Acosta Medina y Manuel Sierra Deluque, donde manifiestan que a los Guajiros se le han violado todos los derechos y posiblemente a través de una tutela interpuesta por el abogado Abuchaibe Escolar de que en la Corte Constitucional se haga esta revisión y podamos eso sí negociar con el gobierno central.

Es por esto que el jueves 26 de mayo, La Guajira se levantará en paro, así como el departamento del Cesar y las demás regiones productora de hidrocarburos, para hacerse sentir por este despropósito, del acto administrativo No. 13 donde seremos expropiados de lo que nos dio Dios y la madre naturaleza. Si el acto administrativo es aprobado en el congreso, como va a suceder y de no tener tropiezos en la Corte Constitucional, nuestro departamento se vería abocado a una crisis institucional sin precedentes en la historia y volveríamos a lo que éramos antes: un departamento ignorado y dependiente del centralismo nacional y del centralismo costeño. A guisa de comentarios para el año 2012 con esta reforma, La Guajira estaría recibiendo por regalías de carbón $20 mil millones y por gas $25 mil millones estimados. Y le diremos adiós a la gratuituidad de la educación, a los beneficios de la educación superior, a la desnutrición, a la Guajira sin hambre y a tantas obras sociales que han generado las regalías.

Hernán Baquero Bracho
Columnista Villanueva mi@