El arma de las víctimas

La inminente promulgación de una Ley de víctimas que contempla la “reparación integral”, es decir, reparación económica y simbólica, no puede pasar por alto en Villanueva y La Guajira cuando es una verdad de apuño que hemos aportado una cuota importante de víctimas al conflicto. Colombia por muchos años ha estado dividida en la Colombia que mata, en la Colombia que muere y en la Colombia que llora; y si bien la mayoría de la población ha llorado no es menos cierto que a unos –las víctimas directas- les ha tocado sufrir la crudeza de este conflicto fratricida ambientado por historias de bombas, amputaciones, secuestros, motosierras, desplazamiento, falsos positivos, etcétera.

Ese mandato legal se constituye en un instrumento para lograr la inclusión social de un puñado de compatriotas que estuvieron -y siguen- en estado de indefensión. Más allá de los aspectos económicos como la indemnización por los daños morales y materiales (sin consideración del victimario), la restitución de las tierras expoliadas, la asistencia médica y psicológica, también son importantes las medidas simbólicas que buscan garantizar la no repetición de los hechos y atenuar las posibilidades de olvido de la población, tales como: la creación del Día Nacional de las Víctimas (10 de diciembre), la creación de un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, dirigido a recoger, preservar y cuidar la documentación sobre las víctimas, y la creación del Centro de Memoria Histórica y del Museo de Memoria Histórica.

En un Estado Social de Derecho que está soportado en el reconocimiento del principio de dignidad humana y la efectividad de los derechos, enhorabuena, es razonable y proporcionado que la colisión entre los derechos de las víctimas y los efectos fiscales de la ley –principal argumento de los contradictores- se incline a favor de la efectividad de los derechos de la población vulnerable; a la postre, en la actual coyuntura esgrimir argumentos presupuestales es inmoral cuando la corrupción llega a altos niveles de putrefacción y el Estado es sumiso y le brinda las mejores condiciones fiscales de inversión a las multinacionales que explotan nuestras riquezas, sin que reporten los beneficios sociales esperados.

Mujeres, niños, ancianos y familias enteras ahora tendrán un arma legítima para la defensa de sus derechos, por ello, el Gobierno actual y los venideros deben ser ingeniosos e identificar las fuentes de financiación para la aplicación de este instrumento con el cual se pretende darle a las victimas su real dimensión y valía dentro de esta sociedad que, por indiferencia o miedo, guardó silencio por mucho tiempo frente a su tragedia. Es un avance histórico, a través de ella el mismo Estado reconoce -tácitamente- que incumplió el pacto social que justifica su propia existencia, pues por muchos años no fue capaz de garantizar unas condiciones mínimas de convivencia pacífica para la población. La lucha de las victimas por su reivindicación social debe continuar y ellas mismas deben encargarse de ser filtro para evitar que avivatos las sustituyan y, ante el interés manifiesto de algunos, deben presionar al mismo Estado para que la Ley no sea simple letra muerta.

Villanueveramente,

Andy Alexander Ibarra Ustariz
Columnista Villanueva mi@
(Twitter: @andyIU)

In memoriam de Wilson Guillermo Ustariz Mendoza, mi tío ejemplar, gran referente familiar e intelectual que siempre me motivó a seguir escribiendo mis opiniones.