Por: Hernán Baquero Bracho. El Estado moderno en la versión de Hobbes surgió para
evitar la autodestrucción de la sociedad
dada la situación de guerra de todos contra todos, que era, a su
vez, la inevitable situación de los seres humanos como producto de su
egoísmo, de sus apetencias y deseos de acumulación y de denominación.
En la versión Hegeliana
de la historia, la sociedad civil vive una situación de
continua confrontación entre los intereses privados y por ello el momento
positivo de la sociedad no se encuentra en la sociedad civil
sino en el Estado, en donde debería materializarse el interés general, el
interés público, es decir, el interés de todos o cuanto menos
de la mayoría.
Pero también en las teorías contractualitas de poder, y pese a que
su punto de partida es el opuesto, esto es, que los nombres en el estado de
naturaleza vive en estado de armonía, recordemos aquí a Locke, siendo que
postulan el Estado mínimo, sin embargo reconocen al igual que Hobbes y Hegel,
que al Estado moderno deberá garantizar un mínimo de derechos dentro de los
cuales ocupa el primer lugar el derecho a la vida.
La realidad, sin embargo, para nuestro caso, es que el Estado no
garantiza ni siquiera un mínimo de derechos sociales y económicos
– la ciudadanía social mínima -. Ni siquiera garantiza el derecho
a la vida. Tal es el caso de nuestro país en el que se registran
miles de asesinatos cada año, en donde el secuestro volvió a tomar auge, en
donde hay una población cercana al 50% en situación de pobreza, en fin, en
donde habría que poner en duda la existencia misma del Estado y de su
legitimidad.
En la vieja declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano, aquella aprobada por los constituyentes franceses el 14 de agosto de
1789, se dice con toda claridad que el Estado que no garantiza el derecho
a la vida para sus asociados no tiene derecho a su existencia ni
puede reclamar derecho alguno frente a los ciudadanos que se encuentran
precisamente desprotegidos (art. 16). ¿Qué podríamos decir de nuestro Estado?
Esta reflexión viene a colación para referirnos a la necesidad
que tiene la sociedad civil de retomar con fuerza la tarea
de construir la paz. La paz deberá ser el resultado de
transformaciones en el poder político, la recuperación
de la política para que trabaje en dedicación con el bien común,
en la materialización de los derechos de los excluidos, de los
marginados. La sociedad civil y su agenda deben reflejar el empeño de
trabajo para la superación de la pobreza y del “apartheid”
social que vive la sociedad colombiana, por ello, debemos decirlo con
claridad, la paz no será el resultado de las negociaciones
entre la insurgencia armada y el gobierno, sino que brotará
de la justicia social, de la lucha
por la supresión de la exclusión y de la pobreza,
y, obviamente del silenciamiento de los fusiles.
La paz en Colombia será el resultado de un nuevo contrato
social, que tenga en su centro la refundación de la nación
misma, la materialización de los intereses comunes, de los intereses del
público.
La paz es un bien público y como tal corresponde
a la esencia misma del Estado, de un estado al servicio de los
intereses de los excluidos, de los marginados. Por ello se deben hacer grandes
inversiones, lejos de ponerse al servicio de los grandes capitalistas, deberán
ponerse al servicio de la economía campesina, de los millones de
marginados que viven en la pobreza y en la extrema pobreza,
de la redención de los más necesitados. Si esta
es la base, la paz estará cerca, sino es así la paz,
estará muy lejana.
Pensar en una paz democrática, supone necesariamente tomar en
serio, quizás por primera vez en la historia del país, los intereses
de las mayorías excluidas y marginadas.
Hernan Baquero Bracho
Villanueva mi@
0 comentarios ¡Deja tu comentario aquí!:
Publicar un comentario