El problema de la inseguridad

El problema de la inseguridad es hoy quizás la mayor preocupación del país, más apremiante acaso que el de la propia pobreza. Porque esta última siempre la hemos tenido y aquella la tuvimos pero la hemos perdido. El país sigue siendo pobre, con un ingreso percapita excepcionalmente bajo. Acaso con el mercado global y los tráficos ilícitos se estén acumulando grandes fortunas, que no vienen a mejorar el bienestar sino a hacer más ostentosa la concentración del ingreso y las esperanzas de un porvenir más amable se hacen cada vez más lejanas. Pero todo ello, que es de suyo un empobrecimiento, significa un deterioro menor que el que ocasiona la pérdida de la seguridad.

Esta última es un bien general. A veces parece intangible en el momento que se tiene estar seguro es una condición sublime propia de las sociedades cultas y políticamente evolucionadas. Es un don que no se da sino a los pueblos que lo merecen. No es, además, un estado natural. La seguridad hay que ganarla. Y después de conseguirla es preciso defenderla. Se pierde fácil, no siempre de la noche a la mañana, sino también a través de procesos más o menos acelerados de decadencia institucional. ¿Será eso lo que hoy está sucediendo?.

En las primeras décadas del siglo XX cuando se lograron liquidar los rezagos de la última guerra civil, Colombia fue un país seguro. Hubo concretamente periodos de violencia política, que tenía sus linderos, sus causas y sus costos. La inseguridad como fenómeno ambiental no fue una característica de nuestra región. El estado era pobre y débil, y sin embargo era capaz de garantizar ese bien primordial. Existió siempre un suficiente grado de solidaridad social como para que la ciudadanía se congregara en torno a las leyes y las autoridades para oprimir el crimen y para mantener la vigencia de unos principios morales que se consideraban un patrimonio común. La honestidad era un canon y su pérdida merecía la sanción pública. La ley se apoyaba en el consenso del pueblo, y este recibía el apoyo de aquella. No era siquiera concebible que una y otro anduviesen por distintos caminos. Luego vienen unas décadas de desorden moral y por ende de la pérdida de la seguridad total de los colombianos. Y llegó el presidente Uribe y volvió a colocar los principios morales por encima de todo, recobró la seguridad e impuso la autoridad a todo lo largo y ancho del país. ¿y qué ha pasado hoy?.

Hoy ese consenso sobre la validez de unas normas éticas universales se ha perdido. El oportunismo, por un lado, justifica las violaciones de la moral y convierte a los deshonestos en héroes cuando estos han logrado triunfar. Y por otro lado el pluralismo ha consentido la coexistencia de la tabla de valores y tradicionales con doctrinas no éticas o anti éticas a las que se le reconoce unas mismas vigencias y unos derechos igualitarios. Para los tradicionalistas, matar es un delito; para los otros, el secuestro, el atentado, el asalto a mano armada, son actos de la vida cotidiana. Para los primeros robar es pecaminoso; para los segundos es una acción revolucionaria, ya que de acuerdo con sus creencias la propiedad es un robo.

La sociedad, carcomida por esta atonía moral ya no colabora en la recuperación de la seguridad, pero la sufre. Y no coopera porque no tiene principios colectivos que movilicen su dinámica. La causa del deterioro de la seguridad está en la base. En que los derechos y garantías sociales establecidos en la constitución son cuestionables, como lo es también el Código Penal y lo son las leyes complementarias.

¿A qué grado de inseguridad se necesita llegar para que sea posible intentar una recuperación del consenso de los valores que la sustentan? Querer anteponer a una respuesta un cumulo de consideraciones sociológicas, parece no ser si no una simple acción dilatoria. Cuando en el fondo del problema lo que hay es una indefinición política.

Hernán Baquero Bracho
Columnista Villanueva mi@