La Guajira y el Cesar: litigio limítrofe anacrónico

Andy Alexander Ibarra Ustariz (@andyIU). El planeta continúa girando sobre su propio eje, el tiempo sigue avanzando y la historia universal sigue registrando los hechos que le darán identidad a nuestra época. Entre muchos otros rasgos característicos como la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el plano geopolítico hacemos parte de los tiempos donde la Unión Europea -con todas y sus dificultades- sigue siendo el paradigma global de integración y unidad entre los pueblos, pese a ello queda uno perplejo al observar que por estas latitudes parecemos estar viviendo nuestra propia edad media.

No podemos llegar a una conclusión diferente al observar el desarrollo del litigio territorial entre los departamentos de La Guajira y el Cesar, concretamente, entre los municipios de San Juan del Cesar y Valledupar, y que involucra el barrio perú del corregimiento de Patillal, las veredas de Potrerito, Primer Rincón, Carrizal y Veracruz; por increíble que parezca se observan visos de concepciones arcaicas de egoísmo y separatismo territorial.

Hay rumores sobre propósitos secretos o subrepticios frente al litigio, la existencia de verdaderos interés económicos y proselitistas que se mimetizan o camuflan en hermosos discursos de bienestar comunitario para cautivar a las poblaciones que se habitan en las zonas bajo disputa. Ahora bien, en el ámbito netamente de la gestión pública podría pensarse que existe temor de canalizar recursos públicos y hacer inversiones en lugares diferentes al territorio que se gobierna; es decir, ante la aparente “indefinición” de límites fronterizos entre los entes territoriales podría ocurrir que el presupuesto y las asignaciones del gasto público social que debe beneficiar a los guajiros o san juaneros termine beneficiando a los cesarenses o patillaleros (o viceversa), situación que podría generar algún tipo de responsabilidad fiscal o disciplinaria de las autoridades administrativas, en el entendido de que existe una jurisdicción territorial donde deben ejercer sus atribuciones y competencias.

Si no existen razones ocultas y mucho menos se trata de un litigio con la simple intención de crear conflictos insulsos entre pueblos que los une una historia social y cultural común, tenemos que advertir que, entre otros instrumentos, los artículos 12 y 14 de la Ley 1454 de 2011, contemplan esquemas asociativos territoriales materializados en “convenios-contratos plan” que facilitan las acciones conjuntas de los municipios y departamentos para prestar servicios públicos, ejecutar obras públicas y en general hacer inversiones en salud, educación, vivienda, etc. Me atrevo a afirmar que la población de las zonas bajo litigio les interesa más el desarrollo y el progreso de su terruño que ser encasillados como habitantes de uno u otro municipio; por ejemplo, los habitantes del corregimiento de Veracruz tiene firmes lazos espaciales y se sienten más identificados con Villanueva y no tanto con Valledupar y San Juan.

Mucha lástima despierta que la noticia no sea que los entes territoriales están dinamizando instrumentos legales de cooperación y coordinación para aunar esfuerzos y hacer inversiones de forma conjunta en atención a objetivos comunes, desafortunadamente nadamos en contra de la corriente, totalmente alejados del deseo universal de integración y unidad de los pueblos que buscan ir haciendo invisibles las fronteras para hacer de este mundo una verdadera aldea global.