Es preocupante que la misma celeridad
y responsabilidad con las cuales se investigó e identificó a los autores del
lamentable asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, sucedido en
Bogotá el pasado 20 de junio a pocas cuadras del sitio donde presuntamente fue
asesinado Luis Andrés Colmenares, no se apliquen para esclarecer este caso,
pese a la enorme visibilidad que ha tenido y al protagonismo que los medios de
comunicación le han asignado al proceso judicial. Lejos de observarse una
acción eficaz por parte de la justicia, la sociedad colombiana está siendo
testigo de un proceso viciado, manipulado y poco transparente, en el que se
busca generar confusión, dilatar el juicio, evitar que se conozca la verdad y
que los responsables del hecho sean ejemplarmente sancionados.
Desde la noche en la que fue
encontrado el cadáver de Luis Andrés Colmenares, en un sitio que horas antes
había sido inspeccionado por los bomberos sin resultados y a 125 metros de
distancia del punto donde según Laura Moreno, el joven se habría caído, se han
presentado toda clase de irregularidades tendientes a complicar el proceso y a
obstruir la acción de la justicia. El incompleto informe del Instituto de
Medicina Legal sobre las causas de la muerte, la desaparición de la primera declaración
rendida por la implicadas en el CAI del sector, el apresurado comunicado de la
alcaldía de Chapinero afirmando que se trató de un suicidio, la falta de
diligencia por parte de la policía y de Medicina Legal para preservar material
probatorio clave en la investigación, las acusaciones infundadas contra las
víctimas y las dilaciones injustificadas al proceso judicial, más otras
anomalías presentadas y conocidas por la opinión pública, indican que fuerzas
oscuras y poderosas se mueven tras este sonado caso para garantizar impunidad,
y con ella la destrucción moral de quienes desafían el poder corruptor del
Estado colombiano.
Casi tres años después de la muerte
violenta del estudiante y de una inusual exposición mediática del caso, resulta
inquietante que las cabezas del Estado y de los poderes civiles legalmente
constituidos, hayan guardado silencio ante un caso que ha producido además de
un colosal enfrentamiento jurídico, la indignación colectiva de buena parte de
la sociedad colombiana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, el
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el poder legislativo,
incluso las organizaciones sociales que promueven la defensa de los Derechos
Humanos en el país no han acompañado a las víctimas ni han respondido al clamor
de una familia colombiana -doblemente golpeada por la muerte de un ser querido
y por la ineficiencia de la justicia- y de una nación que exige y merece
conocer la verdad sobre lo ocurrido con Luis Andrés Colmenares.
Muchos interrogante planteados a lo
largo de este proceso, siguen sin ser respondidos.
¿Qué pasó con el registro de las 18
cámaras de seguridad instaladas en el sector donde se presume caminó Luis
Andrés Colmenares la noche de su deceso? ¿Por qué no hubo celeridad por parte
de las autoridades competentes para buscar las pruebas y por qué no se
emprendieran exhaustivos interrogatorios a los vecinos del parque a fin de
aclarar lo sucedido? ¿Por qué no se obtuvieron las grabaciones previas que se
realizaron al interior del bar Pent-House?
¿Por qué en la necropsia realizada por
la forense Lesly del Pilar Rodríguez, medica legista del Instituto de Medicina
Legal, no se practicó una valoración completa del cuerpo para determinar si la
víctima había ingerido un perro caliente, como aseguraron las principales
testigos, omitiendo un procedimiento natural como es el uso de una sonda
nasogástrica, detalle que adquiere especial relevancia para llegar a la verdad
de lo sucedido? La necropsia no da cuenta de la existencia de siete fracturas y
dos roturas en el cuerpo de Luis Andrés Colmenares (en paladar, en las dos
órbitas oculares, en la nariz, en los dos maxilares –izquierdo y derecho-, en
la segunda y cuarta vertebras y en la región frontoparietal derecha. ¿Por qué
sólo se refiere a esta última fractura pero no explica que en ella hay una
herida patrón causada por objeto contundente? La necropsia menciona escoriación
en punta nasal, en labio inferior, en mejilla derecha, herida en la región
ciliar (ceja) derecha y dos heridas en la región infraciliar izquierda pero no
indica que estas heridas tienen bordes regulares, indicativo de que fueron
producidas con arma blanca o corto punzante.
La sangre coagulada hallada en las dos
heridas demuestra que se produjeron antes de caer al agua. ¿Por qué esto no fue
revelado en la primera necropsia? Tampoco se especifica que las livideces
encontradas en espalda y glúteos de la víctima así como la rigidez cadavérica
indican que el cuerpo permaneció varias horas en una posición contraria a la
que fue hallado, ni concluye que las escoriaciones identificadas en ambas
rodillas con bordes hemorrágicos son indicativos de que el cuerpo fue
arrastrado estando vivo. ¿Por qué entonces la ropa que usaba Luis Andrés la
noche de su muerte, en la que se encontró césped en sus tejidos, desapareció
misteriosamente? hecho que viola las normas tendientes a evitar que el material
probatorio sea contaminado, destruido o suplantado como establece la cadena de
custodia? La muestra de sangre realizada en Medicina Legal afirma que se encontró
una alcoholemia de 206 mg de etanol/100 ml de sangre total, pero no indica que
se trata de un nivel tres de embriaguez, con lo cual se produce una deficiencia
motora grave que impide correr. Según testigos presenciales, la noche de los
hechos Luis Andrés había ingerido licor pero podía caminar con equilibrio y
hablar con fluidez y coherencia. ¿Por qué las pruebas técnicas que demuestran
que le inyectaron alcohol después de muerto en el paladar, como lo afirma el
abogado de las víctimas, Jaime Lombana, no fueron realizadas en el primer
examen médico?
¿Por qué el Fiscal 298, Edgar
Saavedra, quién asumió la fase inicial de la investigación del caso no exigió
una búsqueda más exhaustiva y estricta del material probatorio y se comprometió
de lleno con la versión del accidente? ¿Por qué no presentó de manera oportuna
el estudio sobre nivel de agua del caño a través del cual se demostraba la
imposibilidad de arrastre de un cuerpo de 1.75 cm de altura y 77 kilos de peso?
¿Por qué al Fiscal 11, Antonio Luis González, no se le permitió recurrir al
estudio técnico de expresiones faciales y lenguaje no verbal que realiza la
analista de declaración Rita Karanauskas, siendo éste un método desarrollado,
aceptado y aplicado en el inicio de las investigaciones criminales por las
centrales de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA?
Hace un año, fuentes de la Fiscalía
informaron a través de los medios de comunicación que había sido emitida una
orden de captura contra el padre de Laura Moreno, Jorge Moreno y que se preparaban
nuevas capturas. ¿Por
qué no se hicieron efectivas y ningún medio volvió a hablar del tema? ¿Qué
resultados arrojaron las investigaciones sobre el mencionado plan para atentar
contra el juez Juan Carlos Merchán, quién emitió orden de captura contra Carlos
Cárdenas? ¿Fueron investigadas las amenazas que recibió el Fiscal 11, Antonio
Luis González? ¿El fiscal auxiliar Napoleón Botache está siendo investigado por
falsedad e injuria? ¿En qué estado se encuentra el proceso contra la abogada
Aidé Acevedo y María del Pilar Gómez de Cárdenas por obstrucción a la justicia
y por tratar de cambiar al fiscal que llevaba la investigación?
El Fiscal General de la Nación,
Eduardo Montealegre afirmó que en el caso Colmenares "hay interesados en
obstaculizar esta investigación e impedir que se conozca la verdad"2 y que se está investigando si existe
una labor tendiente a deformar pruebas e intimidar testigos. Sin embargo, el
país ignora cuál es la labor que el organismo adelanta para revelar los nombres
de quienes han promovido estás acciones y si han contado con el apoyo de
funcionarios públicos.
El testigo Jesús Alberto Martínez,
quien recientemente se retractó de sus declaraciones ante un juez pero que
aún insiste en la veracidad de su primera versión en los medios de
comunicación, declaró que tres personas fueron asesinadas en un bar en la zona
de Patio Bonito, y que uno de ellos portaba las fotografías de la camioneta que
supuestamente transportó a Luis Andrés Colmenares en estado agónico. ¿Qué pasó
con esa investigación?
¿Por qué Jonathan Andrés Martínez y
José Wilmer Ayola, declarados “falsos testigos” y privados de la libertad sin
derecho a una defensa justa, son excluidos de los juicios en contra de Laura
Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas cuando aún no hay ninguna sentencia en
su contra y se debe presumir su inocencia? Si los testigos son falsos y su
presencia hace parte de esa estrategia que suelen emplear algunos abogados
penalistas conocida como pruebas venenosas, la justicia tendrá que demostrar
quién y a cambió de qué los vinculó al proceso. Ahora, ¿Por qué razón el fiscal
auxiliar Napoleón Botache será escuchado en juicio para que explique las
razones de la vinculación de Cárdenas al proceso y cómo llegaron los testigos
excluidos a la Fiscalía, siendo que quien debería responder a estos
cuestionamientos es el Fiscal 11?
Este largo proceso, convertido en un
reality para medios y ciudadanos, supone un enorme desafío para la justicia
colombiana, pues no solamente está en juego su eficacia y decoro, sino también
la oportunidad de recuperar su dignidad, de actuar con ejemplaridad e
independencia garantizando el respeto y los derechos de las víctimas a conocer
toda la verdad acerca de lo sucedido. La paulatina transformación de una
tragedia familiar en un evento mediático a través del cual se desvirtúa el
dolor de las víctimas, ha llevado a la degradación de la justicia, a que las
redes sociales se conviertan en plataforma impune para que se exprese la
abyecta condición humana de quienes amparados bajo el anonimato recurren a la
intimidación, los insultos, la vulgaridad, e incluso a las amenazas de muerte.
El Caso Colmenares, más allá del acto criminal que lo origina -tenga éste un
móvil pasional o racial o sea expresión del preocupante matoneo juvenil o
bullying (en su expresión inglesa)- refleja la realidad de un país excluyente,
violento y precario moralmente que sin el menor reparo reproduce las prácticas
corruptas de su dirigencia política que nos enseñan que todo es susceptible de
ser comprado o vendido -desde la conciencia hasta la justicia-, y que quién
ostenta el poder político y/o económico impone la ley y fabrica la verdad. El
dinero y las influencias otorgan el derecho a presumir, aplastar, corromper,
incluso puede deformar la esencia moral de un pueblo y someter al poder
judicial.
Esta desesperanzadora degradación
social que hoy presenciamos -y de la que seguramente también hacemos parte-
hace posible que la muerte violenta de un joven estudiante de provincia, al
parecer por acción directa o complicidad de sus mismos compañeros de estudios
(jovencitos permeados por el consumismo irracional y el desamparo moral), sea
banalizada y que la valiente lucha de una familia por encontrar la verdad y
lograr justicia sea menospreciada. Contrario a la masiva solidaridad que
deberían recibir las víctimas -pese a que buena parte del país apoya la tesis
del homicidio y espera que la justicia lo demuestre- los Colmenares se han
convertido en blanco de sucios cuestionamientos, de calumnias, de burlas y
demandas sin fundamento. Oneida Escobar fue denunciada por presuntamente haber
amenazado de muerte al Fiscal auxiliar Botache, y su esposo, Luis Alonso
Colmenares fue denunciado por haber golpeado con un sobre de manila al
investigador del CTI, Manuel José Rodríguez Mora y haber lanzado temerarias
advertencias. Ahora
tanto Botache como Rodríguez afirman temer por su seguridad y solicitan
protección, como si los Colmenares fueran criminales y contaran con el poder
económico para liderar una red criminal.
Algunos sectores y periodistas
pretenden olvidar que ellos son las víctimas, que además de la pérdida
dolorosa de un ser querido, han tenido que enfrentar un proceso judicial
viciado, un sistema corrupto y proclive al soborno, la estigmatización y el
escarnio público por atreverse a exigir lo que como ciudadanos les corresponde:
justicia.
El caso Colmenares debe llamar la
atención nacional, no como evento sensacionalista sino como paradigma de
nuestro tiempo, como un hecho que pone evidencia una aterradora realidad, y es
que los ciudadanos nos encontramos indefensos ante los abusos del poder;
incluso en el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra asesinado por
agentes de la policía, hecho que se ha convertido en un escándalo para la
institución por cuenta de las turbias maniobras de encubrimiento que
adelantaron los oficiales implicados y sus superiores, los familiares han sido
objeto de amenazas y persecuciones. Una justicia que más allá de ineficiente
opera como instrumento del poder político y económico, que se subyuga a sus
mandatos, repudia sus principios sagrados y olvida el valor que representa para
una sociedad, contribuye a la ruina moral de un pueblo, degrada la democracia,
premia el crimen e induce a su repetición. Ningún país podrá alcanzar jamás una
paz cierta, estable y duradera mientras su poder judicial se postre ante el
crimen y reniegue de su propia dignidad.
La dolorosa muerte de Luis Andrés
Colmenares contiene un profundo mensaje que no podemos ni debemos ignorar si de
verdad anhelamos construir un país más humano, justo y en paz. Su martirio y el
de toda su familia nos plantean una opción ética a la sociedad y al poder
judicial. El resultado final de este caso emblemático ante los estrados
judiciales será indicativo de lo que en adelante podremos esperar del sistema
judicial colombiano; si no se llega a la verdad de lo sucedido y no se actúa
con responsabilidad y decencia, las demás víctimas en casos menos sonados
sabrán que poca o ninguna posibilidad tienen de materializar sus derechos a
verdad, justicia y reparación integral.
La Justicia es una virtud social que
debe propender por el respeto a los Derechos Humanos, dando cabal cumplimiento
a sus postulados de imparcialidad, igualdad y orden, orientando las conductas
humanas y asumiendo una frontal lucha contra la corrupción. El trato
igualitario entre los hombres satisface una necesidad básica, tan esencial como
el derecho que tenemos todos a recibir respeto y conquistar la plenitud y la
felicidad. Las nociones que tenemos sobre igualdad y justicia pueden ser
instintivas, por tanto ir contra ellas es ir contra la naturaleza social, y
quien va contra la naturaleza se destruye así mismo.
Con el apoyo de la Red de Solidaridad
y Justicia por Colombia.
Tomado de http://www.viva.org.co
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