Promesas mineras

Por: Pascual Gaviria. Desde las ciudades, la minería es vista como un solo demonio. Sea que la hagan ilegales en el río Sambingo, en el Cauca o en las laderas de Buriticá, en Antioquia; sea que la muevan barcazas en Santa Marta o el largo tren carbonero en La Guajira. No importa que las siglas de quienes explotan las vetas sean de una multinacional o de una bacrim, desde el hollín de las ciudades se percibe la misma destrucción y la misma riqueza en manos de unos pocos, bien sean encapuchados o encriptados tras unos contratos casi siempre opacos. No extraña entonces que la delimitación de Santurbán sea una victoria para los universitarios en Bogotá y una derrota para los habitantes de Vetas y California en Santander. O que en Ibagué buena parte de la ciudadanía apoye una consulta, impulsada por el alcalde y una mayoría del Concejo, para evitar proyectos mineros en las tierras del municipio.

Pero es imposible negar que no pocos departamentos y municipios se han acostumbrado a economías mineras. Casanare, Meta, La Guajira y Cesar centran más del 20 % de su Producto Interno Bruto en la extracción de recursos no renovables. Su dependencia de las transferencias de la Nación y los recursos del Sistema General de Regalías ha ido creciendo hasta hacerlos inviables sin el trabajo de los taladros, el estruendo de la dinamita y el trajín de los carrotanques y las volquetas. La Guajira, por ejemplo, sólo logra el 12 % de sus recursos con ingresos tributarios propios, la mayoría por impuesto al consumo de cerveza y estampillas. En 2014, los ingresos corrientes del departamento fueron de $65.593 millones, frente a los $565.374 millones que ingresaron por regalías en los años 2013 y 2014. Si se mira el índice de dependencia de las transferencias y las regalías que ha construido Planeación Nacional, Casanare, Cesar y el Meta tienen incluso mayores necesidades de los ingresos mineros que la propia Guajira.

La pregunta más importante es qué tanto aportan los ingresos extraordinarios a las condiciones básicas de los habitantes en las zonas mineras. Una respuesta provisional acaba de intentar Fedesarrollo con un estudio sobre los cinco municipios guajiros con influencia directa del Cerrejón (Albania, Barrancas, Uribia, Maicao y Hatonuevo). Sobre los ingresos recibidos no hay duda. Sólo en impuesto de renta, Cerrejón pagó en 2014 algo más de $200.000 millones, y en regalías la cifra alcanzó $461.000 millones. La Guajira ha mejorado sus números gruesos en los últimos cuatro años; su índice de pobreza cayó desde el 69,8 % en 2010 hasta 53 % en 2014. Aunque sigue estando muy lejos de la meta de 28,5 % planteada para 2015, y sus cifras sólo son mejores que las de Chocó y Cauca. En ese mismo lapso de tiempo, los cinco municipios bajo influencia del Cerrejón mejoraron en cerca de 19 % el Índice de Desarrollo Integral que mide Planeación Nacional basado en cumplimientos del Plan de Desarrollo, eficiencia en provisión de servicios de educación, salud y agua potable, y gestión y desempeño fiscal. Los municipios cercanos al Cerrejón mejoraron más que otros municipios carboneros y petroleros con ingresos per cápita similares. Maicao fue el caso más destacado, logrando pasar de desempeño “bajo” en 2010 a “sobresaliente” en 2014.

Las mediciones también demuestran que los municipios no logran garantizar continuidad y calidad en sus servicios. Al momento de medir eficiencia, todos tienen resultados decrecientes sin importar que los recursos sigan llegando. Derroche de recursos públicos, debilidad institucional y corrupción son una constante difícil de cambiar. Los recursos mineros sirven para perpetuar malas costumbres administrativas y tumbar a muy bajo ritmo las condenas de la pobreza.

Tomado de elespectador.com